Los iluminados

Para Martín Pallares el caso Emilio Palacio no debía verse desde lo legal, sino desde su propio concepto de la libertad de expresión. No es de sorprender que algunos pretendan estar por encima de la ley, y a diferencia de Luis A. de Bonald, no crean que para los excesos de la prensa haya un remedio en las leyes.

Tergiversa las causas de un juicio y lo limita a las palabras "nuevo rico" y no a la acusación de aprovechar un cargo en el Gobierno para beneficiarse con contratos gubernamentales, son cosas que a estas alturas debemos esperar por parte de quienes han estado acostumbrados a imponer su verdad. Pretende confundir la libertad de expresión con la irresponsabilidad. La opinión con la injuria. Como si a cuenta de libertades se justificara los evidentes ataques contra el derecho a la honra. Como si estuvieran por encima de la ley por el mero hecho de ser bien o mal pagados para escribir una columna.

A quienes no coinciden con su visión, los llama "paniaguados" y "tristes sastrecitos". Define como "estupidez" el hecho de considerar la posibilidad de asumir una responsabilidad ulterior. Esa pretensión de altura moral resulta chocante si consideramos que poco o nada dijeron cuando enjuiciaron y condenaron a prisión a Peter Tavra por una nota redactada por él, cuyo titular decía "Coyotera detenida se fugó de clínica’".

O mejor aún. ¿Dónde estaban los paladines de la libertad de expresión cuando Guadalupe Mantilla dio su famoso discurso a los periodistas de El Comercio?

Suponiendo que los ecuatorianos no tengan derecho a la honra, y que aquellos que se creen por encima de la ley sean los únicos con altura moral para decidir qué es correcto o no, ¿no deberían cuestionarse a sí mismos por defender lo que está fuera de la ley en vez de asumir la responsabilidad de sus actos?

Otra pregunta: ¿De cuándo acá son la medida de la moral y la ética? ¿Son iluminados que deciden qué y cómo deben creer, decir y hacer los demás?

Basta recordar la actitud de Carlos Jijón con varios colaboradores de La República, a quienes hostigó por no defender a Emilio Palacio en sus mismos términos.

Recientemente increpó a Pablo Garzón por cuestionar durante una charla con Jorge Alvear, y en calidad de lector, el trato que le dio a una noticia. Según esa visión, los que no defienden a rajatabla sus puntos de vista y actitudes, y osan cuestionarlos con argumentos, son gobiernistas.

No importa que, como en el caso de Marcelo Dotti contra varios tuiteros, sea público y notorio que no son afines al régimen. O que como Jorge Alvear, pretendan vender la idea de que son son ellos los objetivos, y los que no coinciden, los mentirosos o engañados.

No faltarán quienes caigan en el falso dilema, o terminen tuiteando a gusto de los iluminados para evitar que los llamen correístas.

Los dilemas que no se plantean los anticorreístas, objetivos, imparciales, no-correístas, o como quieran definirse en una circunstancia determinada, son:

¿Permiten los opositores ejercer su libertad de expresión y de pensamiento a quienes están en desacuerdo con lo que hace el Mashi?

¿Permiten los opositores ejercer su libertad de expresión y de pensamiento a otros opositores?

¿De cuándo acá los opositores, independientes, anticorreístas o neutrales deben defender lo indefendible para no ser catalogado de paniaguados, cómodos, tibios, correístas o cobardes?

¿Existe una posibilidad de diálogo o debate con opositores que insultan, adjetivan y humillan públicamente a quienes no atacan al mashi con la misma vehemencia?

¿Quién les dio a aquellos opositores la potestad de decidir sobre qué, cómo y con quién se debe debatir, opinar o hacer oposición?

¿Será que para desviar el debate sobre lo que planteo en este post se dedican a criticar al Mashi justo por eso?